La trasnformación del crimen organizado. La nueva estrategia de España

España aprobó el verano pasado su nueva Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave. Setenta páginas, aprobadas por el Consejo de Seguridad Nacional el 14 de julio de 2025, coordinadas por el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) y con participación de prácticamente todos los ministerios. Un documento ambicioso. Y, como suele pasar con los documentos estratégicos de esta envergadura, lo más interesante no está en lo que propone, sino en lo que revela sobre el problema que intenta resolver.

Porque el problema ha cambiado. La pregunta real que plantea este documento, aunque no la formule en esos términos, es si las estructuras del Estado están preparadas para un adversario que se comporta como una empresa tecnológica multinacional con división de trabajo, cadena de suministro global e inversión en innovación. La respuesta, a la luz de lo que el propio documento describe, no es tranquilizadora.

La principal razón es que el crimen organizado se ha convertido en industria

El documento articula una idea que merece atención seria. El crimen organizado ha dejado de funcionar como un conjunto de bandas aisladas para operar como un ecosistema interconectado, tecnológicamente avanzado y económicamente sofisticado. Las redes criminales ya no se limitan a un tipo de delito. Simultanean narcotráfico con trata de personas, blanqueo de capitales con cibercrimen, tráfico de armas con fraude financiero. Lo que la Estrategia denomina “policriminalidad” es, en realidad, diversificación de negocio.

La estructura empresarial es literal, no metafórica. Las organizaciones criminales crean redes de empresas en distintos países, infiltran estructuras logísticas legítimas, corrompen a profesionales con información privilegiada y utilizan esquemas de blanqueo que rivalizan en complejidad con la ingeniería financiera de cualquier corporación del IBEX. El documento lo reconoce explícitamente: el enriquecimiento económico es el principal objetivo, y el aseguramiento de los beneficios se ha perfeccionado hasta niveles que dificultan enormemente su rastreo.

Además, el modelo “Crime as a Service” (crimen como servicio) ha democratizado el acceso a capacidades criminales. Ya no necesitas ser un narco para operar una red de tráfico. Puedes alquilar infraestructura, contratar especialistas y subcontratar logística, exactamente igual que una startup alquila servidores en la nube y contrata freelancers. La barrera de entrada al crimen organizado se ha reducido drásticamente, y la barrera de salida para las fuerzas de seguridad se ha multiplicado.

Por qué hablamos ahora de este tema

Tres fuerzas convergentes explican el momento.

La primera es la caducidad de la estrategia anterior. La Estrategia 2019-2023 había perdido vigencia frente a la realidad. El Consejo de Seguridad Nacional acordó su revisión en marzo de 2024, y el resultado se aprueba quince meses después. Lo que ha cambiado en ese período no es menor: la guerra en Ucrania ha alterado las rutas de tráfico y ha generado nuevos flujos de armas; la expansión de la inteligencia artificial ha multiplicado las herramientas disponibles para deepfakes, fraudes y ciberataques; y la presión migratoria en el sur de Europa ha alcanzado niveles que las redes criminales explotan sistemáticamente.
La segunda es la presión regulatoria europea. La Unión Europea ha publicado su EU-SOCTA (evaluación de amenaza del crimen organizado), ha impulsado la plataforma EMPACT y ha adoptado directivas de resiliencia (CER) y ciberseguridad (NIS2) que obligan a los Estados miembros a actualizar sus marcos. España no podía mantener una estrategia caducada sin quedar desalineada con Bruselas.
La tercera, y quizá la más relevante, es la creación del Comité Especializado contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave, acordada en octubre de 2024. Este comité, presidido por la Secretaría de Estado de Seguridad y con vicepresidencia del Departamento de Seguridad Nacional, es la verdadera novedad institucional del documento. No se limita a coordinar: tiene funciones de planificación estratégica, verificación de cumplimiento y apoyo al Comité de Situación en crisis. La Estrategia necesitaba un marco institucional que le diera dientes, y el Comité es ese marco.

Por qué afecta tanto a España este tipo de crimen

España como plataforma logística del crimen transnacional

El documento dedica un espacio considerable a explicar por qué España es tan relevante para el crimen organizado internacional, y la respuesta es incisiva: por las mismas razones que es relevante para el comercio lícito. Posición geográfica como puente entre Europa, África y América Latina. Puertos entre los más activos del Mediterráneo. Aeropuertos con tráfico creciente tras la pandemia. Lazos históricos, lingüísticos y culturales con América Latina. Clima que atrae a población extranjera, incluidos delincuentes que establecen su base operativa en la costa sur y el Levante.

Lo que el documento no dice abiertamente, pero se deduce de su análisis, es que la infraestructura que hace próspero a un país es la misma que lo hace vulnerable al crimen organizado. Los puertos por donde entra el comercio son los mismos por donde entra la cocaína. Los aeropuertos que conectan continentes son los mismos que facilitan los tráficos. Las estructuras empresariales que atraen inversión son las mismas que permiten el blanqueo. No hay forma de separar ambas funciones sin dañar la economía.

Esto plantea un dilema estratégico que el documento esquiva: ¿cómo refuerzas la seguridad de la cadena logística sin frenar el comercio que sostiene tu economía? La Estrategia habla de “reforzar la resiliencia de los puertos”, pero no detalla cómo hacerlo cuando la propia Alianza Europea de Puertos reconoce que el volumen de contenedores hace físicamente imposible inspeccionar más de un porcentaje mínimo.

El narcotráfico como columna vertebral

El tráfico de drogas, especialmente cocaína y derivados cannábicos, sigue siendo la actividad principal del crimen organizado en España. El documento lo reconoce como “la mayor amenaza proveniente del entorno”. Pero hay un dato que el texto menciona sin darle la importancia que merece: las organizaciones históricamente dedicadas al narcotráfico han diversificado hacia la inmigración irregular, aprovechando las mismas rutas, infraestructuras y contactos.

Esta convergencia entre narcotráfico y tráfico de personas no es accidental. Es lógica empresarial: si tienes una red logística que mueve mercancía de un continente a otro, mover personas es una extensión natural del negocio. Y genera ingresos adicionales con un riesgo penal menor en muchas jurisdicciones. El crimen organizado optimiza su cadena de suministro exactamente igual que lo haría cualquier empresa que descubre un nuevo mercado para sus activos existentes.

La inteligencia artificial como multiplicador de amenazas

El documento dedica una sección específica al impacto de la inteligencia artificial, pero lo trata como un fenómeno emergente cuando en realidad ya es operativo. Las organizaciones criminales utilizan inteligencia artificial para optimizar blanqueo de capitales, ejecutar fraudes financieros a escala, generar deepfakes con fines de extorsión o desinformación, y lanzar campañas de ciberataques cada vez más sofisticadas.

Lo que la Estrategia no aborda con profundidad es la asimetría que esto genera. Las fuerzas de seguridad están sujetas a regulación (el Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, al que el propio documento alude) mientras que las organizaciones criminales no tienen restricción alguna en su uso de la tecnología. Cuando un cuerpo policial quiere desplegar un sistema de reconocimiento facial o un modelo predictivo, debe pasar por comités de ética y evaluaciones de impacto. Cuando una organización criminal quiere usar inteligencia artificial para optimizar sus rutas de tráfico o generar identidades falsas, simplemente lo hace.

Esta asimetría regulatoria no es una crítica a la regulación. Es una constatación de que la velocidad de adaptación del adversario supera la velocidad de adaptación de las instituciones. La Estrategia no ofrece una respuesta concreta a este desfase.

La corrupción como requisito operativo

El tratamiento de la corrupción en el documento es particularmente revelador. No la presenta como un problema aislado, sino como un componente funcional del modelo de negocio del crimen organizado. Las redes criminales corrompen de forma sistemática a personas con acceso privilegiado en puertos, aduanas, instituciones públicas y sector privado. No es un fallo ético individual. Es una estrategia organizada de penetración institucional.

El documento menciona un fenómeno especialmente preocupante: el uso de procedimientos legales contra los investigadores. Querellas y denuncias interpuestas por organizaciones criminales contra los agentes que las investigan, convirtiendo a los investigadores en investigados y deslegitimando su función. Esta inversión del sistema jurídico como arma defensiva del crimen organizado es una sofisticación que merece más atención de la que el documento le dedica.

Qué se debería abordar mejor

Ausencia de métricas e indicadores de éxito

La Estrategia establece tres dominios de acción (anticipar, reaccionar, consolidar), trece ejes estratégicos y cincuenta líneas de acción. Pero no define indicadores concretos para medir si funciona. ¿Cómo sabremos si España es “más resiliente” frente al crimen organizado en 2030? ¿Qué métricas lo demuestran? ¿Cuántas desarticulaciones son suficientes? ¿Qué volumen de activos recuperados indica progreso? ¿Qué reducción en la percepción de inseguridad ciudadana sería aceptable?

Sin métricas, una estrategia es una declaración de intenciones. El documento menciona un Informe Anual de Evaluación, pero no especifica qué se medirá en ese informe. Un adversario que opera con indicadores de rentabilidad, cuota de mercado y optimización de procesos se combate mal con planes que no tienen indicadores de éxito definidos.

Ausencia de estimación presupuestaria

Las cincuenta líneas de acción requieren recursos. Reforzar la resiliencia de los puertos, potenciar las herramientas tecnológicas de investigación, intensificar la cooperación internacional, desarrollar capacidades de inteligencia artificial, proteger a víctimas vulnerables: todo esto cuesta dinero. El documento no incluye ninguna estimación presupuestaria, ni siquiera orientativa. No dice cuánto cuesta implementar la Estrategia, ni de dónde saldrán los fondos.

Esta ausencia es significativa. Si las cincuenta líneas de acción tienen la misma prioridad formal pero los recursos son limitados, la priorización real la hará el presupuesto, no la estrategia. Y esa priorización no será transparente.

Tratamiento superficial de la cibercriminalidad

El documento menciona la ciberdelincuencia en varios puntos, pero no la trata con la profundidad que merece un fenómeno que ya representa una proporción creciente de la actividad criminal. La mención al Plan Estratégico contra la Cibercriminalidad del Ministerio del Interior es correcta, pero la separación entre crimen organizado “físico” y cibercriminalidad es cada vez más artificial.

Las organizaciones criminales que trafican con droga también blanquean a través de criptoactivos. Las que explotan personas también captan víctimas a través de plataformas digitales. Las que corrompen a funcionarios también atacan sus sistemas informáticos. El crimen organizado ya no distingue entre el mundo físico y el digital, y una estrategia que los trate como ámbitos separados corre el riesgo de no entender al adversario.

Silencio sobre actores estatales

El documento menciona brevemente que “las redes criminales operan, cada vez más, como intermediarios al servicio de actores de amenazas híbridas”. Pero no desarrolla esta idea. ¿Qué actores estatales utilizan redes criminales como herramienta geopolítica? ¿En qué medida la desestabilización que genera el crimen organizado en España beneficia a intereses geoestratégicos de terceros países?

La convergencia entre crimen organizado y amenazas híbridas es uno de los fenómenos más relevantes del panorama de seguridad europeo. El propio EU-SOCTA 2025 lo destaca como tendencia principal. Una estrategia nacional que solo lo mencione de pasada deja un ángulo muerto considerable en el análisis de la amenaza.

¿Hacia dónde apunta el dedo?

Si las tendencias que describe el documento se consolidan, el panorama del crimen organizado en España en 2030 será cualitativamente distinto.

La inteligencia artificial permitirá a las organizaciones criminales operar con menos personas y más automatización. Fraudes financieros a escala ejecutados por sistemas autónomos. Deepfakes indistinguibles de la realidad utilizados para extorsión, manipulación judicial o desinformación. Optimización de rutas de tráfico mediante análisis predictivo. El factor humano, que hoy es el eslabón más débil del crimen organizado (el que puede ser captado, presionado o detenido), será cada vez menos necesario.
Los puertos inteligentes serán simultáneamente más seguros y más vulnerables. La digitalización de la cadena logística mejorará el control, pero también creará nuevas superficies de ataque. Un ciberataque a los sistemas de gestión portuaria no solo paraliza el comercio: puede facilitar el paso de mercancía ilícita.
La línea entre crimen organizado y actividad empresarial se difuminará aún más. Las criptomonedas, las finanzas descentralizadas, las empresas pantalla en jurisdicciones opacas y la complejidad regulatoria crean un entorno donde distinguir la actividad lícita de la ilícita requiere capacidades de investigación que no todas las instituciones tienen.
La cooperación entre actores criminales de distintas regiones se intensificará, siguiendo el patrón que el documento ya identifica: redes del norte y este de Europa, cuenca mediterránea, África y América Latina actuando de forma coordinada, especializándose cada una en su ventaja comparativa y utilizando a España como nodo logístico.
Quien saldrá reforzado de este escenario será quien invierta en inteligencia financiera y tecnológica, no solo en capacidad operativa de detención. Desarticular una red criminal y dejar intacta su infraestructura financiera es como cortar las ramas de un árbol y dejar las raíces.

Cuando las barbas de tu vecino veas pelar…

Para quien toma decisiones en el ámbito de la seguridad, este documento deja señales claras, aunque no siempre las explicite.

Tratar la cibercriminalidad como componente integral del crimen organizado, no como fenómeno separado. La división entre mundo físico y digital que todavía mantienen muchas instituciones no refleja la realidad del adversario. Las unidades que investigan narcotráfico necesitan capacidades ciber. Las unidades de ciberseguridad necesitan entender las estructuras del crimen organizado físico.
Invertir en inteligencia financiera como arma estratégica principal. Si el objetivo del crimen organizado es el enriquecimiento, la forma más eficaz de combatirlo es destruir su modelo de negocio. Eso implica capacidades avanzadas de análisis de flujos financieros, cooperación con el sector bancario y fintech, y marcos legales que permitan actuar contra patrimonios inconsistentes con la velocidad que exige el adversario.
Definir métricas claras de éxito y hacerlas públicas. Una estrategia sin indicadores es inauditable. El Informe Anual de Evaluación que menciona el documento debería incluir métricas específicas, comparables año a año, sobre desarticulaciones, activos recuperados, tiempos de respuesta, cooperación internacional efectiva y percepción ciudadana de seguridad.
Abordar la asimetría tecnológica con realismo. La regulación de la inteligencia artificial es necesaria, pero las instituciones necesitan un marco ágil que les permita utilizar las mismas herramientas que su adversario dentro de los límites del Estado de derecho. Si la regulación impide a las fuerzas de seguridad usar inteligencia artificial para análisis predictivo mientras las organizaciones criminales la usan sin restricción, el desfase será insostenible.
Incorporar la dimensión geopolítica de forma explícita. El crimen organizado en España no es solo un problema de seguridad pública. Es un problema de seguridad nacional con dimensiones geopolíticas que afectan a la estabilidad del Mediterráneo, las relaciones con América Latina y África, y la posición de España en la Unión Europea.

Un documento necesario pero con preguntas sin respuesta

La Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave 2025 es un documento serio, elaborado con rigor y con participación institucional amplia. Identifica correctamente las principales amenazas, reconoce la evolución del adversario y crea un marco institucional (el Comité Especializado) que no existía. Su estructura de anticipar, reaccionar y consolidar tiene lógica operativa.

Pero le falta algo fundamental: la honestidad de reconocer que el adversario está ganando terreno, no perdiéndolo. La Estrategia describe un crimen organizado más sofisticado, más tecnológico, más interconectado y más infiltrado que nunca. Frente a ese diagnóstico, propone un arco estratégico que, por ambicioso que sea en sus cincuenta líneas de acción, no incluye los recursos ni los indicadores necesarios para saber si funciona.

El crimen organizado opera como una empresa. Las empresas miden resultados, optimizan procesos, invierten en innovación y pivotan cuando algo no funciona. Si las instituciones que lo combaten no hacen lo mismo, la distancia entre ambos seguirá creciendo. No por falta de voluntad, sino por falta de un modelo de gestión que esté a la altura del adversario.

La pregunta que queda abierta no es si España necesitaba esta estrategia. La necesitaba. La pregunta es si será suficiente para un problema que evoluciona más rápido que la capacidad institucional de respuesta. La historia reciente sugiere que no basta con escribir documentos. Hace falta ejecutarlos con la misma determinación y agilidad que muestra el adversario. Y eso requiere algo más que líneas de acción: requiere una voluntad política sostenida, recursos reales y una cultura institucional que premie la anticipación sobre la reacción.

Fuentes:

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